Comunidades Propietarios

El 5 de octubre de 2018 se derogó el denominado ‘impuesto al sol’, que no era otra cosa que un peaje que debían pagar los propietarios de placas fotovoltaicas, y que evidentemente les restaba atractivo. De hecho, algunos edificios disponen de estas instalaciones desde su construcción y nunca las han utilizado. La anulación del impuesto llegó además acompañada de una serie de reformas encaminadas a fomentar el autoconsumo de energía solar, es decir, que animaban a instalar placas en el tejado de viviendas y negocios para lograr energía gratuita procedente del Sol, y ahorrar así en el recibo de la luz.

En Cáceres ya hay un primer edificio que ha decidido dar el paso, sembrar su cubierta de placas y activarlas. Las cuentas salen redondas. Tanto que los vecinos reducirán sus gastos de luz en los recintos comunes un 50%. Traducido a coste real, se ahorrarán 4.000 € al año. Se trata del edificio Capitolio, en el Rodeo, concretamente en el número 24 de la calle María Auxiliadora. Sus 90 vecinos van a notar un alivio mayúsculo en el recibo de luz de la comunidad, que incluye la depuradora de la piscina, los ascensores, la luz de los garajes, el patio, las escaleras y los cuatro portales, es decir, todos los contratos comunes, explica Manuel Martín, administrador de la comunidad.

Además, la nueva normativa también permite que si esas placas fotovoltaicas tienen excedente después de su autoconsumo, lo puedan vender a la distribuidora, revela el administrador. Tampoco el proyecto ha sido complicado ni supondrá un desembolso importante porque ya hay empresas especializadas que lo ponen realmente sencillo. En el caso del edificio Capitolio, la inversión en la instalación será de 13.000 euros a pagar en diez meses entre los 90 vecinos, con cuotas que oscilarán entre 15 y 30 euros. Lo mejor: en 4 años lo tendrán amortizado. El proyecto ya cuenta con la aprobación necesaria y solo falta que se ejecute y comience a funcionar.

Precisamente, la aprobación ha sido lo más complicado y supone la principal traba para que otros edificios incorporen esta solución. Y no porque los vecinos la rechacen, sino porque hacerlo legalmente resulta muy complicado. Instalar placas fotovoltaicas en una comunidad de propietarios necesita la aprobación de un tercio de los inquilinos en la misma junta, y en edificios de esta magnitud es prácticamente imposible que acudan ese número de personas. En nuestro caso concreto, la presidenta ha puesto un empeño especial y ha conseguido las representaciones suficientes, pero quienes conocen este ámbito saben que será un impedimento serio, indica el administrador.

Lástima, porque un número adecuado de placas permite reducir los gastos comunitarios hasta un 70%. Además, son instalaciones con una vida útil de más de 30 años, que no requieren un mantenimiento especial.

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